La justicia española acordó el martes extraditar a Guatemala al ex ministro Carlos Vielmann para que sea juzgado por su presunta responsabilidad en el asesinato de 10 presos amotinados en el país centroamericano en los años 2005 y 2006.
Vielmann, quien posee nacionalidad española y reside habitualmente en Madrid, todavía puede recurrir la resolución judicial. La autorización definitiva para la extradición le corresponde en última instancia al gobierno español.
Vielmann, ministro de Gobernación de Guatemala entre 2004 y 2007, está acusado de asociación ilícita y de la ejecución extrajudicial de siete presos amotinados en la cárcel de Pavón en 2006, además de la muerte de otros tres reos fugados del penal de máxima seguridad conocido como "El infiernito" en 2005.
En el auto, el magistrado Alfonso Guevara resolvió la extradición de Vielmann para ser juzgado por 10 delitos de asesinato por la muerte de los presos, pero eximió al ex ministro de la acusación de ejecución extrajudicial y asociación ilícita, al estimar que tales delitos no están contemplados en el tratado de extradición entre España y Guatemala.
Vielmann fue detenido en Madrid en octubre del año pasado. Poco después fue puesto en libertad bajo fianza de 100.000 euros (140.845 dólares).
En una comparecencia judicial en marzo, Vielmann rechazó la extradición argumentando que era ciudadano español y que no disponía de garantías para defenderse legalmente ni proteger su vida si regresaba a Guatemala.
Otros argumentos de su defensa fueron que los sucesos de Pavón y "El infiernito" estaban siendo investigados en España y que las autoridades de Guatemala intentaban juzgarlo por motivos políticos.
En aquella comparecencia, Vielmann contó con la declaración de varios testigos, entre ellos del ex vicepresidente guatemalteco Eduardo Stein (2004-2008), quien negó que en Pavón se produjeran ejecuciones selectivas de presos.
Pero Guevara rebatió los alegatos de Vielmann punto por punto y sostuvo que Vielmann accedió a la nacionalidad española en 2009, mucho después de los hechos objeto de la investigación, por lo que, aseguró, "no existe obstáculo alguno a la entrega".
Sobre las garantías procesales en Guatemala, Guevara afirmó que no está acreditado que la vida de Vielmann corra peligro. En ese sentido, manifestó que otras personas fueron investigadas por los mismos sucesos "sin que ninguna de ellas conste que haya sido sometida a tratos inhumanos, crueles o contrarios a la dignidad personal".
Guevara también descartó cualquier motivación política en una investigación por delitos tipificados como comunes y precisó que prevalece el "fuero territorial" sobre el proceso abierto en España, porque los hechos tuvieron lugar en Guatemala.
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