Aproximadamente 12 horas utilizó el tribunal para analizar las pruebas, al final solo la presidenta del tribunal razonó su voto.
Después de tres meses de que comenzaron los debates oral y público contra el expresidente Alfonso Portillo y sus exministros de Finanzas Manuel Maza Castellanos y de la Defensa Eduardo Arévalo Lacs, el Tribunal Undécimo de Sentencia dictó sentencia absolutoria para los tres.
La decisión fue tomada por mayoría, mientras que la presidenta del tribunal, Morelia Ríos, razonó su voto y señaló que los exfuncionarios sí tuvieron a su cargo los fondos públicos, por lo cual son responsables del delito de peculado.
La acusación del MP
Según la acusación del Ministerio Público (MP), Portillo y los dos exministros participaron en la sustracción de Q120 millones del Ministerio de la Defensa en 2001, que se transfirieron del Ministerio de Finanzas por medio del Acuerdo Gubernativo 16-2001; a decir de la fiscal Eunice Mendizábal, parte de ese dinero, Q30 millones, fue a beneficio del exjefe de Estado.
Según la investigación del MP, los fondos se retiraron del Banco de Guatemala el 5, 6 y 9 de marzo y se depositaron en el Crédito Hipotecario Nacional en cuentas vinculadas con Armando Llort.
La resolución señala que el MP hizo señalamientos ambiguos, ya que ellos deben hacer una relación clara del delito con los hechos. Sin embargo, solo describieron los supuestos hechos ilícitos.
“No quedó acreditado que el exmandatario y los exministros tuvieron responsabilidad en el manejo del dinero de los fondos públicos, por lo que el tribunal los absuelve del delito de peculado”, destacó Patricia Veraz, una de las vocales del tribunal.
La resolución judicial ordena la libertad de los acusados que gozarán de medidas sustitutivas de arresto domiciliario y la obligación de firmar el libro en el tribunal, y su libertad total el 16 de mayo cuando quede firme la resolución. El fallo señala que el Estado soportará los costos procesales.
El tribunal no le dio valor probatorio a la declaración de José Armando Llort Quiteño, expresidente del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), y de Salomón Molina Girón, exdirector financiero de la misma entidad bancaria.
La juez Patricia Veraz señaló que Llort Quiteño está acostumbrado al engaño, la farsa y el fraude, mientras que Salomón justificó con espurias su actuar, por lo cual para el tribunal su testimonio es falso. Agregó que por esas actitudes no le dio valor probatorio a ambas declaraciones y estando consciente de que los dos testigos fundamentan la mayor parte de la acusación.
Las juzgadoras no valoraron los informes emitidos por peritos de la Contraloría General de Cuentas, señalando que únicamente se dedicaron a examinar la ejecución presupuestaria y no se refirieron a los hechos de la investigación.
Luego de haber escuchado el fallo, la fiscal general, Claudia Paz y Paz, abandonó la sala y señaló que no comparte la resolución del tribunal porque a su criterio existían pruebas sólidas para dictar una sentencia condenatoria contra los tres acusados.
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